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Cómo el Bajo Lempa liberó a un inocente capturado en el régimen de excepción 

16 marzo, 202416 min read

La lucha colectiva de las comunidades del Bajo Lempa ha logrado que 30 personas, de un total de 228 capturadas, recuperen su libertad tras ser acusadas de agrupaciones ilícitas y delitos afines durante el régimen de excepción. Walber Rodríguez, originario de Salinas de Sisiguayo, fue detenido de manera injustificada, pero logró salir gracias a la unidad y el apoyo entre estas comunidades. 

Texto: Tania Ortiz
Fotografías: Yessica Hompanera

Walber Rodríguez y su madre, Margarita. Este abrazo representa una victoria para ella, la familia entera y la comunidad.  Foto LAVA / Yessica Hompanera

Dejando atrás “El Penalito”, casi irreconocible, esquelético, con ojeras profundas y la piel amarillenta, Walber Rodríguez, de 28 años, atraviesa un portón, recuperando así su libertad. Es la tarde del 2 de octubre de 2022. Después de diecisiete meses preso en Mariona, fue trasladado a este centro solo para ser puesto en libertad. Sale libre, pero en la calle no hay nadie esperando por él. Una confusión ha hecho que su familia demore en llegar hasta este lugar de San Salvador. Hasta horas después de ser liberado, ve llegar a sus padres y a su hermana. Camina hacia ellos, pero su familia no le reconoce. Su apariencia no les permite distinguir que el de ese cuerpo desnutrido ahora es Walber. Hasta que él les habla y los abrazos no se hacen esperar. “Aquí está tu familia, hijo”, le dice su mamá.

Walber vivía con su hija de 6 años y esposa enfrente del hogar donde creció en Salinas de Sisiguayo (Usulután). Él era jefe de ventas en la cooperativa camaronera de la zona, a pocos metros de la estación policial. La mañana del domingo 1 de mayo de 2022, mientras regresaba en su moto de trabajar con su esposa e hija, fue detenido por un agente policial en un punto de encuentro conocido como “El Ceibo”. El viernes anterior un policía llegó al comedor de la cooperativa donde estaban Walber y sus compañeros viendo un partido; ahí le invitaron a comer ceviche y a una soda. Esa misma persona, cuenta Walber, lo detuvo el día domingo. Pero ese día, el uniformado negó conocerlo.


Walber Rodríguez, de 28 años de edad, fue capturado el 1 de mayo de 2022 cuando regresaba de su trabajo en una camaronera. Foto LAVA / Yessica Hompanera

Enfrente de su esposa e hija, el oficial llamó en tres ocasiones a oficinas de la  Policía Nacional Civil y las tres veces no encontró información que lo incriminara, de acuerdo a los testigos. Glenda, su hermana mayor, y Margarita, su mamá, llegaron en el momento. Glenda fue encañonada con un fusil mientras trataba de hablar con el agente. “¿Qué pasa, señor agente?”, le cuestionó Margarita, pero la única respuesta que recibió la familia fue escueta: “sólo cumplo órdenes”. Sin dar justificación, Walber fue arrestado y trasladado a las bartolinas de Usulután, a 48 kilómetros de Sisiguayo. Su captura fue excusada bajo el régimen de excepción, la política apuesta del gobierno para combatir a las pandillas. En ese momento, con la rabia provocada por la injusticia, empezó el camino de Glenda para liberar a su hermano.

Mientras su familia se preocupaba por encontrar la forma de liberarlo, Walber iniciaba su camino como recluso. Los policías, asegura Walber, lo unieron con otro grupo de capturados. De acuerdo con su testimonio, ocho de las personas con quienes lo juntaron tenían tatuajes alusivos a la MS-13. El 6 de mayo, lo trasladaron al Centro Penal La Esperanza (Mariona). 

Tras la detención de su hermano, Glenda se subió al bus de la ruta 302. No conocía el camino hacia Mariona pero creía que ahí le podrían dar información de su hermano. Ahí, cuenta ella, durmió en la calle durante casi un mes al lado de otras mujeres y sus hijos que hacían lo mismo: esperar por su familiar. El 24 de mayo, Glenda escuchó por primera vez que un grupo de habitantes del Bajo Lempa se estaba uniendo contra las detenciones injustificadas de sus familiares y entonces regresó a Sisiguayo. 

Ante la necesidad de rescatarlo de la prisión y sin conocer la capital, Glenda durmió en las calles frente al penal “La Esperanza”. Foto LAVA / Yessica Hompanera

La comunidad se organiza para buscar la libertad de sus vecinos 

La lucha de la familia Rodríguez dejó de ser individual. Glenda llegó al Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa en junio de 2022. Una de las primeras acciones fue hacer un recuento de las detenciones arbitrarias. De acuerdo con el comité, 228 personas de la zona del Bajo Lempa han sido capturadas arbitrariamente. La gran mayoría de los capturados son hombres. Gracias a la organización, Glenda se dio cuenta de que su familia no estaba sola. Había otras mujeres que también sufrían y, en ellas, encontró una segunda familia. “Lo que nos unió fue el mismo sentimiento de impotencia”, dice Glenda.  

El comité se reúne los días jueves. Para probar la inocencia de sus familiares necesitan presentar documentos como antecedentes penales, cartas de trabajo, arraigos familiares y domiciliarias ante los juzgados. Saben que sus acciones son más fuertes cuando las hacen en colectivo. Para ir a dejar los documentos no cuentan con mucho dinero. Por ello, crearon un pequeño fondo económico en común. Recogiendo $1 en las asambleas y haciendo rifas, logran reunir una parte de lo que cuesta alquilar un bus privado que los lleve a la capital. Según la gente del comité, el alquiler del bus, la tarifa del conductor y la gasolina puede llegar a costar hasta $275 dólares por viaje.

Tras la detención de sus familiares, la mayoría de mujeres que conforman el comité se vieron afectadas económicamente. La familia de Walber perdió un 50% de sus ingresos. Al igual que otras mujeres, Glenda y Margarita comenzaron a hacer ventas informales para poder solventar los gastos personales y la compra de paquetes de comida y productos de limpieza de su familiar capturado. Entre las personas del comité se apoyan comprando productos como fruta, verduras, tamales o pupusas.  Así, el dinero circula entre ellas mismas. 

Un paquete completo con comida y productos de higiene para una persona capturada tiene un valor de $150 mensuales. Sin embargo, las mujeres no siempre logran reunir el dinero para un paquete completo. Un paquete solo con comida cuesta alrededor de $70. La familia de Walber realizó ventas informales y con la ganancia, le enviaban comida una quincena y a la siguiente, productos para que se pudiera bañar y limpiar.  

La madre de Walber, Margarita, vendió pollos, cocos, pupusas y pepinos para poder conseguir esos  $70 dólares. Cada 15 días, sin falta él escuchaba que en la prisión lo llamaban por su nombre y sabía que su paquete había llegado. Así sabía que su familia estaba presente. “Conozco la letra de mi hermana. Y cuando llegaba el paquete con mi nombre, sabía que ahí estaba”, dice.


Walber sostiene un retrato de su familia. Durante su encarcelamiento, pensar en sus seres queridos le ayudó a resistir las condiciones de la cárcel.  Foto LAVA / Yessica Hompanera

Walber no contaba con antecedentes penales. Sin embargo, él asegura que lo encerraron con pandilleros en el sector 5, bajo un reglamento de normas interpuestas por sus compañeros de celda. “El sueño del preso, la familia y las creencias religiosas eran lo más sagrado”, recuerda. Pero confiesa que durante los cultos, aprovechando el ruido de los aplausos, los baños eran testigos de golpizas. 

Para el 19 de julio de 2022, Walber tenía más de dos meses preso. Ese mismo día, el Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa se unió a una marcha rumbo a Casa Presidencial. Ahí, más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, protestaron contra las detenciones injustificadas.

El comité del Bajo Lempa no es la única organización que se ha hecho para denunciar la captura de personas inocentes. Existe también el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) que fue fundado en agosto de 2022. Samuel Ramírez es un activista que forma parte de este y asegura que pese a la estigmatización y ataques por parte del oficialismo; las denuncias, protestas y la presión de los familiares y organizaciones han servido para mejoras en las condiciones carcelarias. “He hablado con privados de libertad y, dicen que al inicio habían más torturas, más golpes. Y a partir de las denuncias que se hicieron, las condiciones fueron mejorando en el penal”, comenta.

Walber también cree lo mismo. Ahora que ha salido a la calle, mira las fechas de las protestas y piensa que estas influyeron en algunas mejoras mínimas en las condiciones de la cárcel. “Las ganas de salir y la incertidumbre nos obligaba a llevar contados los días. Saber qué día era resultaba necesario para que la mente no se perdiera en el vacío de no saber nada de lo que pasaba alrededor ni afuera con nuestras familias”, comenta. 

Tras diecisiete meses preso, Walber volvió a su comunidad el 2 de octubre de 2023, con medidas sustitutivas a la detención. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, admitió el 22 de agosto de 2023, por medio de una entrevista televisiva, que hasta esa fecha habían sido liberados más de 7 mil salvadoreños de un total de 72,000 capturados.

La casa donde Walber vivió con su hija y esposa ahora está vacía. En las paredes quedaron dibujos de su niña como recuerdos de la vida que compartían juntos. Un mes antes de su liberación, en septiembre de 2023, su pequeña familia decidió emigrar de manera irregular a los Estados Unidos. “Sabía que no iban a estar cuando saliera”, dice. Estando en Mariona soñó que ambas ya no estaban en casa. Y, cuando salió y no las vio entre la multitud, lo confirmó.


Hamaca donde dormía la hija de Walber. El último recuerdo que Walber tiene con su hija es del día en que lo capturaron. Foto LAVA / Yessica Hompanera

De acuerdo con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, septiembre de 2023 cerró con 7,550 salvadoreños interceptados en la frontera sur de ese país, la cifra más alta de los 12 meses previos. Según esta información, la economía fue la  principal razón por las que estas personas decidieron probar suerte en el norte del continente. 

Walber regresó a vivir a la casa de sus padres. Tiene en el celular unos vídeos y unas fotos de la vida de su hija mientras él estuvo preso, pero aún no encuentra el valor para verlas. La vida se presenta, por ahora, cuesta arriba. No ha podido regresar a su antiguo trabajo y se enfrenta con pocas oportunidades laborales por sus antecedentes penales.

Pero no todo es gris. Con la unidad y el apoyo entre las comunidades del Bajo Lempa, se ha logrado que 30 de 228 detenidos por “margen de error” sean liberados. La cifra es pequeña y las limitantes son muchas. Sin embargo, no piensan dejar de luchar hasta que el último salga. “El propósito es que todos los que han sido detenidos inocentemente salgan en libertad. Seguir luchando hasta que el último salga vivo del penal”, dice Glenda.

Gracias a la organización de su familia y la comunidad, Walber disfruta de un momento en el patio de su casa. Foto LAVA / Yessica Hompanera

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